España ha vuelto a ser objeto de
desprecio. Esta práctica, por desgracia, es ya demasiado habitual en
el seno del colectivo nacionalista. Me refiero al momento en que la
periodista Empar Moliner quemó un ejemplar de la Constitución
Española, hoja a hoja, durante un programa de TV3 que se emitía en
directo en señal de protesta por la resolución que había adoptado
el Tribunal Constitucional y que anulaba el decreto catalán sobre
pobreza energética. El acto, puramente sensacionalista, no tenía ni
por asomo el objetivo de denunciar esa decisión judicial.
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| Empar Moliner |
La sentencia habla de que en materia
energética la competencia es estatal y no autonómica, además de
insistir en que el Estado regula ya la problemática de los impagos
mediante la financiación de parte de los recibos a los consumidores
vulnerables, víctimas potenciales de la pobreza energética. Aún
así, la Generalitat decidió -como en muchas otras ocasiones- sacar
pecho innecesariamente y tomar la iniciativa sin contar con el
Gobierno central, promoviendo un decreto ley que solapaba la solución
de un problema que ya se encuentra en vías de arreglo gracias a otra
iniciativa proveniente de Madrid que, como digo, es quien tiene la
competencia en ese ámbito.
La colaboradora de televisión creyó
estar en el salón de su casa y, tomándose la justicia por su mano,
se puso la toga casera sin importarle más que la pura demagogia y su
lastimado orgullo independentista, cuya calidad democrática quedó
una vez más en entredicho. Esa frustración se canalizó por la vía
propia del lobby nacionalista catalán, que no es otra que la de un
púber de quince años que ante una prohibición paternal vocifera
tres o cuatro improperios y corre hacia su habitación dando un
vulgar y maleducado portazo. Y todo ello fomentado por la mano negra
de la Generalitat, que representa a aquellos que tienen por costumbre
saltarse las leyes a la torera y mostrar de manera vanidosa su
desobediencia reiterada, repudiando así nuestras instituciones y al
resto de los españoles. El beneplácito del Gobierno catalán, que
no ha tomado medidas en el asunto -y es su asunto, al ser TV3 una
televisión pública-, lleva pues implícito un mensaje de apoyo a
esa mujer, denotando una pulcra y democrática actitud por parte de
la institución. Nótese la ironía.
Empar Moliner ha ultrajado aquello que
brinda a todos los españoles -incluida a ella aunque le pese- los
derechos y las libertades fundamentales que sustentan nuestro sistema
democrático. Al quemar la Constitución Española, la periodista
incurre en un acto de suma cobardía al saber que no será sancionada
ni por la televisión para la que trabaja -la cual pagamos todos-, ni
por el Estado que se rige por esos papeles, pues el artículo 20 de
ese libro que ella ha amputado y quemado con sus rencorosas manos
dice así:
"Se reconocen y protegen los
derechos:
- a) A expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito
o cualquier otro medio de reproducción. [...]"
Mientras hacía uso de la
libertad de expresión que la Constitución le ofrece, la periodista
no pensaba en la sentencia del Tribunal Constitucional. Su mente se
encontraba en otro sitio, desvariada por el odio y rencor acumulados,
que hacen que la sutil propaganda en televisión no sea suficiente
para saciar su sediento catalanismo. Por ello, amparándose en la
Carta Magna, la resentida nacionalista la patea y la desprecia de
forma incoherente con la democracia que reclama, despreciando por
ende a sus compatriotas.
Es legítimo pensar que la
Constitución está desfasada y promover su reforma, pero las ideas
se defienden con el diálogo y nunca desde la vulgaridad y la falta
de respeto. Con eso lo único que se consigue es el descrédito de
uno mismo. Esa actitud violenta sólo engendra odio no fundamentado y
perturba nuestra democracia, y por tanto nuestra libertad que,
recordemos, empieza donde termina la suya.
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